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Combatir la morosidad con la práctica comercial (2 de 2)

container-port-284429_1920Propuesta: observar las condiciones comerciales en que se acuerda la transacción.

En el ámbito del comercio internacional está muy extendida la utilización de los Incoterms[1] como herramienta básica para establecer las condiciones en que se desarrollan las operaciones de compraventa de mercancías. A grandes rasgos, las diferentes reglas que constituyen los Incoterms (11 en la vigente versión de 2010), indican con claridad qué derechos y responsabilidades tienen comprador y vendedor en cada una de las fases que componen el proceso de venta y transporte de los bienes. Así, cada una de las reglas precisa de qué transportes se hacen cargo las partes, quién se encarga de la documentación de exportación, si la hubiera, o en quién recae la contratación de los seguros, entre otros aspectos.

Por tanto, estamos ante un instrumento generalmente aceptado en las operaciones entre empresas, que puede ser utilizado para determinar claramente el momento de la recepción de los bienes. ¿Cómo? El planteamiento es sencillo, y parte de la idea de que cuando se produce la transferencia de la responsabilidad del envío desde el vendedor al comprador, es cuando también se entiende efectuada la recepción de la mercancía. Es decir, una vez que el vendedor, de acuerdo con el Incoterm que guía la operación, ha realizado la plena entrega de las mercancías, las mismas pasan a disposición del comprador, y se pone en marcha el contador del plazo de pago y del plazo de comprobación, si lo hubiera. Todo ello sin menoscabo, claro está, de que el vendedor haya cumplido con el resto de obligaciones contractuales y legales.

Al contrario que la normativa, no considero que la factura, y su recepción por el comprador, tenga por sí misma fuerza suficiente para fijar la fecha límite de pago. Lo realmente importante es cómo se produce la operación (el fondo) y no tanto cómo que se documente (las formas).

Supongamos una operación de venta de mercancías por parte de un vendedor situado en Málaga a un comprador ubicado en Frankfurt. Los términos contractuales establecen que la forma de entrega sea EXW-en fábrica. Esto supone que la entrega de las mercancías se habrá realizado cuando aquellas se ponen a disposición del comprador en las propias instalaciones del vendedor. Por tanto, si el transporte entre origen y destino se realiza en cuatro días, y si nos guiamos por la propuesta más arriba expuesta, la recepción por parte del comprador se entenderá realizada no cuando recibe las mercancías en Frankfurt al cuarto día, sino en el momento en que ya estaban a su disposición en Málaga. Es ese el punto a partir del cual se empezará a contar el plazo de pago, sin prestar tanta atención a lo que diga la factura. Los cuatro días de este ejemplo pueden parecer irrelevantes, pero pensemos cómo el asunto adquiere importancia cuando hay implicados desplazamientos más complejos y prolongados.

En otro caso, un vendedor italiano vende a un comprador ubicado en Barcelona una mercancía que viene desde China. Contractualmente se determina que haya 30 días para verificar la mercancía, transcurridos los cuales se establecen 30 días adicionales para la realización del pago. Es decir, un plazo de pago de 60 días desde la recepción de la mercancía. La entrega de la mercancía se gestiona de acuerdo con el Incoterm FOB-Shanghái, lo que significa que el vendedor habrá cumplido su parte y transferido la responsabilidad del envío en el momento en que la mercancía es entregada a bordo del buque designado por el comprador. La expedición hasta destino requiere de 20 días (suponiendo que la misma se realiza de forma inmediata al embarque). La práctica habitual diría que el pago se debe realizar 60 días después de que el comprador reciba la mercancía en Barcelona. Pero si utilizamos las condiciones comerciales para determinar la recepción por parte del vendedor, estableceremos que aquella se produjo cuando se embarcó la mercancía en Shanghái. Esto significa que los 20 días de transporte no se añaden a los plazos acordados, sino que se descuentan. De esta manera el contador del plazo de verificación se pone en marcha con el embarque, y, si la comprobación de la mercancía se realiza cuando llega a su destino, el comprador dispondrá de 10 días para ello, además de los otros 30 días adicionales para realizar el pago. El cuadro 1 nos permite visualizar el flujo de la operación en este ejemplo.

FOB Shanghái

Reflexiones finales.

La principal ventaja que encontramos al utilizar los Incoterms como herramienta para fijar la fecha de pago, es que las operaciones de transporte están muy documentadas. En la actualidad, para la mayoría de los envíos, es posible saber en qué fase del tránsito se encuentra. Por tanto, puede resultar relativamente fácil comprobar y determinar en qué momento el vendedor cumple con sus obligaciones, se transfiere la responsabilidad y el comprador recepciona la mercancía.

El inconveniente más destacado es que, si bien los Incoterms son muy utilizados en las transacciones internacionales, su frecuencia de uso en el ámbito doméstico es muy reducida. Y seguramente esto es así porque la operativa es más sencilla cuando no se traspasan las fronteras. Pero utilizar un instrumento que delimite claramente los derechos y responsabilidades de vendedor y comprador no solo tiene un efecto positivo en el acortamiento del plazo de pago efectivo, y por extensión, en la lucha contra la morosidad; también estaremos dando mayor seguridad jurídica a la operación de compraventa.

En definitiva, la práctica comercial nos puede servir para cubrir los vacíos que deja la normativa de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Seguramente surjan reticencias a la puesta en marcha de una iniciativa de estas características, pero debiéramos preguntarnos si esas reticencias no son en realidad la misma negativa mostrada contra las propuestas en lo relativo al acortamiento de los plazos de pago o a la eliminación de los acuerdos entre las partes. Esto es, resistencia a cualquier cambio que afecte a situaciones de privilegio y dominio.

(Se puede consultar el artículo completo, pinchando aquí).

 


[1] Incoterms es una marca registrada por la Cámara de Comercio Internacional (www.iccwbo.org).

 

Combatir la morosidad con la práctica comercial (1 de 2)

question-mark-96287Introducción

En los últimos años hemos asistido a la aprobación y modificación de la normativa comunitaria en materia de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales como demostración de que es un asunto relevante y con difícil solución. De hecho, el legislador comunitario en el preámbulo de la directiva 2011/7/UE[1] claramente identifica que su objetivo es poner medidas para luchar contra los efectos de la crisis, y apoyar la competitividad y rentabilidad de las empresas, especialmente las PYMES, que son las entidades más sensibles a los retrasos en los pagos.

En el caso de España, la normativa comunitaria ha sido incorporada al Derecho nacional[2] con cierto retraso, y discutible voluntad en su aplicación práctica. Aunque, ese, puede ser tema para otro debate.

Tanto la normativa comunitaria como la nacional incorporan en su segundo artículo, una definición de conceptos, en la que se echa en falta la de los siguientes: cuándo se produce la prestación de servicio, y cuándo se da la recepción de material. Estos términos y su correcta definición son muy relevantes, dado que en función de cuándo se consideren realizados se calculará el plazo de comprobación, y el más importante, el plazo de pago. Aquí nos centraremos en lo que se refiere a materiales, dejando la prestación del servicio para otra ocasión.

Puede parecer que, a pesar de no haber una definición expresa, el momento en el que se produce la recepción está suficientemente claro. Sin embargo, esa es una interpretación simplista que puede ser válida para un número concreto de operaciones, pero no para la totalidad. Además, la indefinición abre la puerta a soslayar las buenas prácticas comerciales. Las transacciones comerciales actuales pueden llegar a ser muy complejas, con la intervención de varios factores, tales como transporte, fronteras, plazo de comprobación…, que dificultan establecer el momento de la recepción de la mercancía, y por tanto, la fecha efectiva de pago.

Antes de continuar, debo indicar que a lo largo de este texto se habla de vendedor y comprador como las figuras equivalentes a acreedor y deudor, respectivamente. Estos dos últimos términos son los apropiados cuando hablamos de morosidad, pero al tomar una perspectiva comercial amplia al redactar este análisis, he considerado que vendedor y comprador son más ajustados. Por otro lado, se puede concluir que la normativa identifica la entrega de los bienes con su recepción. Es decir, entrega y recepción son acciones que acontecen en el mismo momento. De hecho, la última modificación de la Ley nacional, se decanta por utilizar el término recepción, algo que resulta adecuado y que también se maneja aquí.

En lo relativo a la operativa comercial, es mucha la casuística que se genera y las dudas que pueden surgir. Por ejemplo, ¿cuándo se entiende realizada la recepción en la venta de una mercancía enviada desde Alemania a España? ¿Y si la mercancía viene desde China y tarda un mes en llegar al destino? Puede parecer un asunto menor, pero de su preciso establecimiento depende cuándo se realiza el pago o cuándo surge el derecho para reclamarlo, así como los correspondientes intereses de demora, si procede.

Propuesta: observar las condiciones comerciales en que se acuerda la transacción (en la segunda parte del artículo se abordan la propuesta y las concluisiones)


[1] Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de Febrero de 2011 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta Disposición deroga la Directiva 2000/35/CE que legisla sobre la misma materia.

[2] La Ley 3/2004, de Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, transpone la Directiva 2000/35/CE al Derecho nacional. La Ley 15/2010, del 5 de Julio, modifica la Ley 3/2004. Finalmente, la Ley 11/2013, del 26 de Julio, modifica nuevamente la normativa para incorporar las novedades de la Directiva 2011/7/UE.