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Combatir la morosidad con la práctica comercial (1 de 2)

question-mark-96287Introducción

En los últimos años hemos asistido a la aprobación y modificación de la normativa comunitaria en materia de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales como demostración de que es un asunto relevante y con difícil solución. De hecho, el legislador comunitario en el preámbulo de la directiva 2011/7/UE[1] claramente identifica que su objetivo es poner medidas para luchar contra los efectos de la crisis, y apoyar la competitividad y rentabilidad de las empresas, especialmente las PYMES, que son las entidades más sensibles a los retrasos en los pagos.

En el caso de España, la normativa comunitaria ha sido incorporada al Derecho nacional[2] con cierto retraso, y discutible voluntad en su aplicación práctica. Aunque, ese, puede ser tema para otro debate.

Tanto la normativa comunitaria como la nacional incorporan en su segundo artículo, una definición de conceptos, en la que se echa en falta la de los siguientes: cuándo se produce la prestación de servicio, y cuándo se da la recepción de material. Estos términos y su correcta definición son muy relevantes, dado que en función de cuándo se consideren realizados se calculará el plazo de comprobación, y el más importante, el plazo de pago. Aquí nos centraremos en lo que se refiere a materiales, dejando la prestación del servicio para otra ocasión.

Puede parecer que, a pesar de no haber una definición expresa, el momento en el que se produce la recepción está suficientemente claro. Sin embargo, esa es una interpretación simplista que puede ser válida para un número concreto de operaciones, pero no para la totalidad. Además, la indefinición abre la puerta a soslayar las buenas prácticas comerciales. Las transacciones comerciales actuales pueden llegar a ser muy complejas, con la intervención de varios factores, tales como transporte, fronteras, plazo de comprobación…, que dificultan establecer el momento de la recepción de la mercancía, y por tanto, la fecha efectiva de pago.

Antes de continuar, debo indicar que a lo largo de este texto se habla de vendedor y comprador como las figuras equivalentes a acreedor y deudor, respectivamente. Estos dos últimos términos son los apropiados cuando hablamos de morosidad, pero al tomar una perspectiva comercial amplia al redactar este análisis, he considerado que vendedor y comprador son más ajustados. Por otro lado, se puede concluir que la normativa identifica la entrega de los bienes con su recepción. Es decir, entrega y recepción son acciones que acontecen en el mismo momento. De hecho, la última modificación de la Ley nacional, se decanta por utilizar el término recepción, algo que resulta adecuado y que también se maneja aquí.

En lo relativo a la operativa comercial, es mucha la casuística que se genera y las dudas que pueden surgir. Por ejemplo, ¿cuándo se entiende realizada la recepción en la venta de una mercancía enviada desde Alemania a España? ¿Y si la mercancía viene desde China y tarda un mes en llegar al destino? Puede parecer un asunto menor, pero de su preciso establecimiento depende cuándo se realiza el pago o cuándo surge el derecho para reclamarlo, así como los correspondientes intereses de demora, si procede.

Propuesta: observar las condiciones comerciales en que se acuerda la transacción (en la segunda parte del artículo se abordan la propuesta y las concluisiones)


[1] Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de Febrero de 2011 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta Disposición deroga la Directiva 2000/35/CE que legisla sobre la misma materia.

[2] La Ley 3/2004, de Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, transpone la Directiva 2000/35/CE al Derecho nacional. La Ley 15/2010, del 5 de Julio, modifica la Ley 3/2004. Finalmente, la Ley 11/2013, del 26 de Julio, modifica nuevamente la normativa para incorporar las novedades de la Directiva 2011/7/UE.

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